MADRID
La polémica por el impuesto hipotecario parecía no tener fin. Los jueces del Supremo no acabaron de alcanzar un consenso en la jornada de ayer, tras horas de reunión para revisar su anterior fallo y decidir definitivamente sobre quién debía pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados a la hora de realizar una hipoteca: el banco o el hipotecado.
Los magistrados decidieron aplazar la decisión que amenazaba con poner del revés al conjunto de la banca y no pocos presupuestos autonómicos.
Hoy, finalmente, han decidido que es el cliente y no el banco quien debe hacerse cargo del impuesto.
Una decisión polémica, puesto que rectifica la anterior, tomada por la Sala Tercera del mismo tribunal.
El impuesto AJD, o tasa de Actos Jurídicos Documentados, es un gravamen que cobra la Administración Pública y que actualmente es recaudado por las comunidades autónomas. Según los últimos estudios, España es el país que aplica el impuesto más caro de la Unión Europea en la firma de hipotecas.
Desde 1995 los hipotecados han sido los encargados de pagar la tasa AJD. La mecha se prendió el pasado 18 de octubre, cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo fallaba a favor de que fuera el banco, y no el cliente, el que se hiciera cargo del tributo que grava las hipotecas argumentando que era la banca la beneficiada por la escritura pública, puesto que se asegura poder ejecutar sus derechos sobre la hipoteca.
Sin embargo, 24 horas después del fallo, el TS emitió un comunicado sin precedentes: organizaría una reunión para revisar lo que calificó de “giro jurisprudencial”. Justificaba esta decisión inaudita ante la “enorme repercusión económica y social” que supondría esta nueva legislación.
Tras el terremoto que provocó la decisión del Supremo, fueron muchos los bancos que cerraron en rojo la sesión del 18 de octubre.
El sector financiero se ha escudado en que de pasar ellos a sufragar la tasa, España sería el primer país de la UE en el que el gravamen sería asumido por los bancos. Defienden haber cumplido la ley en todo momento y ser intermediarios del tributo que, recordemos, ha sido recaudado por las comunidades autónomas.
Es decir, la banca afirmaba no haberse beneficiado del impuesto por lo que no estaría en su mano devolver nada a los hipotecados.
De haber dado la razón a los clientes, Hacienda tenía previsto un gasto estimado de 5.000 millones de euros para las regiones españolas. El Gobierno había preparado un plan para solventar el impacto en las arcas públicas de esta decisión, que se habría traducido en torno a cuatro o cinco décimas de PIB, según palabras de la ministra Montero. Sin embargo, el Supremo ha desactivado la bomba. Solo cabe esperar a ver cómo se resuelven las reclamaciones ya interpuestas por los clientes y las que puedan llegar en el futuro.
Podemos e IU convocan una concentración el sábado contra la decisión del Supremo
Fuente: Ovejuna (upDayEsp)
¿Nos vemos frente al Tribunal Supremo el sábado 10 de noviembre a las 18h? Sí, nos vemos el sábado 10 de noviembre frente al Tribunal Supremo a las 18h. Os convocamos a TODAS. #GanaLaBanca
— Afectadas por la hipoteca (@LA_PAH) 6 de noviembre de 2018
El Tribunal Supremo ha vuelto a proteger los intereses de los banqueros, como hizo con la cláusula suelo. Hoy #GanaLaBanca, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ahora toca movilizarnos para reclamar una Justicia independiente, para reclamar democracia real. pic.twitter.com/xkBpf6bH4F
— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 6 de noviembre de 2018
El Tribunal Supremo anuló un fallo que obliga a los bancos a pagar impuestos hipotecarios que habitualmente recaían sobre los clientes, una decisión que hubiese obligado a las entidades a pagar entre 4.000 y 6.500 millones de euros.
El Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo decidió, tras dos días de deliberación, desestimar los recursos planteados y volver al criterio anterior, que obliga al cliente a pagar los impuestos asociados al préstamo hipotecario.
"Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada", escribió el líder de Podemos, Pablo Iglesias, principal socio parlamentario de los socialistas, que actualmente ostentan responsabilidades de Gobierno.
Ante lo sucedido, Pablo Iglesias llamó a que "la vergüenza y la rabia" se conviertan "en una gran movilización cívica" para "defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría".
La rectificación del Supremo también fue recibida con malos ojos desde sectores más conservadores. Uno de los más destacados líderes del Partido Popular, Xavier García Albiol, calificó este martes la decisión del Supremo como "un grave error de consecuencias sociales imprevisibles".
También manifestó su rechazo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que esta tarde emitió un comunicado calificando la decisión como " bochornosa" y "sin precedentes"
A su modo de ver, la sentencia "perjudica a más de 12 millones de familias en España" y "pone en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder de la banca", creando una situación de "desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad"
Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada.
— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de noviembre de 2018
La vergüenza y la rabia deben convertirse en una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría.
El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también llamó a la participación en la concentración ante "el chantaje inaceptable de la banca".
"Los bancos privados son unos ladrones, el principal enemigo de las democracias y los responsables de saquear nuestras economías. Hoy, la mayoría del Tribunal Supremo se sitúa de su lado, ratificando que la justicia tiene un precio y que el sistema está podrido y agotado", escribió en Twitter tras conocer el fallo del Supremo.
Los bancos privados son unos ladrones, el principal enemigo de las democracias y los responsables de saquear nuestras economías. Hoy, la mayoría del Tribunal Supremo se sitúa de su lado, ratificando que la justicia tiene un precio y que el sistema está podrido y agotado.
— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 6 de noviembre de 2018