El PSOE prevee sancionar a los clientes de la prostitución y penalizar a proxenetas en España
MADRID
Los socialistas del PSOE propondrán una reforma de la legislación para sancionar a consumidores de prostitución y penalizar a los proxenetas, según un borrador de ley al que tuvo acceso el diario El País, que publica extractos en su edición digital.
En el 'Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación laboral' se plantea además perseguir a quienes faciliten pisos o establecimientos donde se ejerza ese actividad, considerar la trata de personas con fines de explotación sexual como violencia de género, la despenalización total de la víctima y la creación de una Fiscalía específica.
En el caso de la solicitación de servicios sexuales, el borrador prevé una multa de 12 a 24 meses, que debe fijar el juez, y que oscilaría entre los 720 y los 288.000 euros; si se trata de una menor se condenaría a penas de cárcel de uno a tres años y de 24 a 48 meses de multa que oscilaría entre los 1.440 y los 576.000 euros.
Con todo, el medio precisa que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera este documento de 50 páginas como "el más alejado" de sus planteamientos, ya que, según una portavoz del Gobierno, es "uno de los borradores encargados", y el borrador inicial, por ejemplo, contempla otras formas de explotación además de la sexual como "los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o similar, la servidumbre, la mendicidad, la explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de órganos corporales o la celebración de matrimonios forzados".
Además, la propuesta, que se plantea para "erradicar la prostitución por su estrecha vinculación con la trata de fines de explotación", también incluiría la creación de un fondo de indemnización de las víctimas de trata procedente de "las sumas confiscadas y el producto de la venta de bienes o activos decomisados a los responsables de los delitos de trata o delitos conexos, una vez satisfechas vía judicial las indemnizaciones a las víctimas", así como "de pagos voluntarios o donaciones", "de los ingresos, intereses o beneficios derivados de las inversiones del fondo" y de cualquier otra "fuente designada por los administradores."
La prostitución es alegal en España por lo que, de aprobarse esta propuesta, pasaría a ser ilegal.
Según el medio, en España se calcula que este negocio mueve 3.700 millones de euros anuales.
