Borrell comparecerá el miércoles en el Congreso por la multa de Abengoa

MADRID / SERVIMEDIA

El jefe de la diplomacia española comparecerá a petición del PP y del Grupo Mixto sobre esta cuestión y a petición propia por la misma razón y para presentar el Plan África, que ha sido señalado reiteradamente como de gran importancia para España.

La CNMV ha impuesto una multa de 30.000 euros al ministro Josep Borrell por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.

En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el organismo supervisor multó a Borrell por "infracción muy grave" tras declarar firme en vía administrativa la resolución sancionadora contra el ministro de Asuntos Exteriores que aprobó el Consejo de la CNMV el pasado 27 de septiembre.

Según la comisión, Borrell vendió el 24 de noviembre de 2015, por cuenta de un tercero, 10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros, "disponiendo de información privilegiada sobre este emisor".

Se trata de una infracción "muy grave" que contraviene el artículo 282.6, en relación con el artículo 227.1.a) del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, por lo que le impone una multa de 30.000 euros.

A pesar de las constantes exigencias de dimisión que la oposición le ha formulado, Borrell siempre ha rehusado hacerlo argumentando que no ha actuado "en base a información privilegiada" en ninguna actividad relacionada con su cartera de valores o con aquella cuya gestión le fue encomendada.

Ha subrayado que la "limitada operación" de venta de acciones, que cifró en 9.000 euros, representaba una parte "muy, muy pequeña" del conjunto de su cartera de acciones.

No obstante, ha reconocido que dicha operación no fue "adecuada" por el "momento en que se produjo" y por la "apariencia de ilegalidad que haya podido general".

Ha defendido que, según la legislación española, su actuación está tipificada como una "falta administrativa" que "no afecta a la idoneidad para ejercer ninguna función ministerial", abundando en que "no tiene ninguna lógica" que si alguien maneja información privilegiada sólo venda el 8% de su cartera de valores y pierda el 92% restante.

También ha expuesto que no recurrirá la sanción que le ha impuesto la CNMV, porque ello supondría que un ministro recurriese ante el Gobierno del que forma parte, lo que no le parece "políticamente correcto".