MADRID
Las defensas de los 18 procesados en la causa donde se investigan los posibles delitos del independentismo catalán denunciaron múltiples vulneraciones de sus derechos durante la vista previa al juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo.
"Se han vulnerado derechos fundamentales que están muy por encima de la unidad de España", afirmó durante la vista Marina Roig, abogada del líder social Jordi Cuixart.
En la vista, las defensas de los procesados basaron su estrategia en negar la comisión de los delitos que se atribuyen a los encausados, pedir el traslado del juicio a Cataluña —argumentando que fue allí donde se localizaron los presuntos delitos— y denunciar vulneraciones de derechos a lo largo del desarrollo del proceso judicial.
En opinión de Marina Roig, durante la instrucción de la causa se puso de manifiesto que el Poder Judicial de España es "sensible a la injerencia del poder político".
En un sentido similar, el magistrado Andeu Van Eynde —que representa al expresidente catalán Oriol Junqueras, entre otros— opinó que se trata de un "juicio político" y "una causa general" contra el independentismo.
A su modo de ver, los encausados no cometieron ningún delito, ya que todas sus actuaciones se enmarcan dentro de lo que considera la actividad normal de "políticos haciendo política".
"¿Poner un boleto en una urna es un alzamiento tumultuoso?", se preguntó Marina Roig.
Durante la vista, los abogados también se quejaron de que no esté previsto permitir que sus clientes declaren en catalán durante el juicio, e incluso llegaron a plantear que algunos de ellos intervendrán en dicho idioma aunque el tribunal pretenda impedírselo.
En total, el Tribunal Supremo mantiene encausadas a 18 personas, a las que se atribuyen delitos de rebelión, sedición, desobediencia o malversación por su participación en el proceso que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y a la adopción de una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña el día 27 de ese mismo mes.
Entre los 18 encausados, 9 destacados líderes sociales y políticos se encuentran en prisión preventiva desde hace meses a la espera de que se celebre el juicio.
Entre ellos destacan figuras como el ex vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, o la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.