Balones fuera, táctica habitual en la gestión política
El rincón de Bonzo
Para disgusto y decepción del pueblo soberano que delega, con su voto, en los “padres patrios” la defensa de sus intereses y la protección de sus derechos fundamentales.
La elusión de responsabilidades ante una gestión oficial fracasada, encuentra acomodo e inmunidad en la actual estructura política de nuestro Estado de Derecho, en diseño de puzle cartográfico de 17 autonomías y su pléyade de parlamentarios. Un país con ocho mil y pico ayuntamientos, generando una burocracia enfermiza e inservible. Un abuso descarado de emolumentos oficiales; contumaces autosubidas de sueldos como primera acción de gobierno; pensiones vitalicias; una impresentable flota de coches oficiales y el nepotismo bien organizado en asesores, personal de confianza, echaderos y puertas giratorias. Todo ello determina un gasto público monstruoso que sería inasumible para el país más rico del mundo; cual no es nuestro caso; sumidos como estamos en un déficit público escandaloso, una deuda imposible de enjugar y con graves problemas para afrontar el futuro de las pensiones.
Despilfarro institucional que se desarrolla con impunidad absoluta ante ciudadanos indefensos. Si no somos capaces de resolver situación tan ruinosa, estamos irremisiblemente perdidos como sociedad civil, que es la única capaz de solucionar sus propios problemas. Por respeto a la Constitución, mientras no se reforme, hemos de acatar esta brutal sangría del gasto público; pero mientras, debemos influir con firmeza, como pueblo soberano, en exigir moderación y en recortar el elevadísimo porcentaje de organismos que gozan de subvenciones más que discutibles, direcciones generales y onerosos cargos políticos inservibles. Por comparación con países civilizados de nuestro entorno, nos sobran dos tercios de ineptos, oportunistas y aprovechados.
Ante este desolador panorama económico, aún es peor lacra la multiplicidad de competencias que confluyen sobre una misma área de gobierno. Especialmente aquellas “transferidas”, bien sean exclusivas, compartidas o ejecutivas. Ninguna funciona. Constituyen un conjunto de desastres donde los Gobiernos Central y Autonómico, Cabildos y Ayuntamientos, se interfieren, cuadruplican sinergias dispares y sacrifican la eficacia táctica, o eficiencia estratégica, de los problemas planteados en favor de otros intereses que nada tienen que ver con los derechos civiles.
Cada uno de los responsables encuentra aquí un filón de impunidad ante su fracaso de gestor bien pagado. Tan sencillo como alegar culpas ajenas. “No. Esto no es de mi incumbencia. La responsabilidad es de otro…”
Inadmisible y descorazonador para el ciudadano normal asistir a titulares de prensa como:“Clavijo sugiere que el caos de las Urgencias en el Insular es culpa de los médicos y del Cabildo de Gran Canaria”. Así respondeel Presidente del Gobierno regional a la denuncia presentada ante la Fiscalía por 23 médicos del servicio y les espeta en plan amenazante: "Igual el problema no es del Gobierno ni de los gestores, y acaba llevándose por delante a los profesionales. Imagino que lo habrán medido". Tan simple como recordarle al Presidente que las competencias sobre las camas sociosanitarias recaen en el Gobierno que preside.
Otro motivo de escándalo por falta de pudor es el tratamiento mediático que las autoridades aplican a uno de los problemas más serios que sufrimos en Canarias que, de seguir así, puede desembocar en irreversible catástrofe medioambiental, ecológica y grave atentado contra la salud pública. Son los vertidos fecales masivos y descontrolados en el archipiélago, tras más de 40 años de inoperancia y desidia en el mantenimiento y conservación de las instalaciones y medios de tratamiento, colectores, depuradoras y emisarios en estado ruinoso e inservibles. Añadida la falta de previsión y desinterés por el incremento de la población flotante en formato turístico –negocio de monocultivo que puede irse al garete si descuidamos esto–.
Es frustrante para el ciudadano contemplar cómo todos los responsables esconden sus cabezas avestruceramente al respecto.
El Gobierno de Canarias se pelea con el Presidente del Cabildo de Gran Canaria por los porcentajes del 99% depurados o sin depurar. Con el de Santa Cruz de Tenerife es menos beligerante por aquello de la coincidencia de partido; pero el problema aquí es todavía más acuciante por la escandalosa afluencia masiva de excrementos al natural vertidos tal cual en el litoral tinerfeño. Los Cabildos reprochan incapacidad a los municipios; y los ayuntamientos escurren el bulto porque, dicen, es competencia del Estado Central –lo que no es óbice para que la privatizada ENMASA, se permita cobrar el incumplido canon de depuración de aguas ante la pasividad consistorial–. Y una vez cerrado el círculo de la ineptitud, seguimos rodeados de aguas mayores y menores, que nos embadurnan el prestigio de canarios y ponen en peligro nuestra salud pública.
Por correlación, todo un símbolo de 40 años de gestión fracasada que nos ha sumido en la ultraperiferia marginada del Estado español. Ya hay que dar paso al uso de razón, pues parece llegada la hora de tener que cambiar algo…
