LAURA PEDERNERA/ YAIZA GORRIN / El periodo de confinamiento y las medidas tomadas por el Gobierno Estatal para mitigar las consecuencias económicas de esta pandemia (ERTEs, ayudas sociales de emergencia, IMV, etc.) han sacado a la luz el nivel de precariedad y pobreza en el que se encuentran tantas y tantas personas, mientras que el resto de la sociedad , ya sea por desconocimiento, por miedo a ver la realidad o simplemente por no ser temas que se visibilicen en los medios, no nos paramos a pensar en qué condiciones viven o intentan sobrevivir.
Uno de los sectores más afectados por esta pandemia el de las mujeres en situación de prostitución, cuyo escenario vital nos sorprendió y alarmó a muchas cuando se decretó el estado de alarma, debido a que hubo mayor repercusión mediática del contexto en que estas mujeres se hallan inmersas, como si antes de la pandemia no hubiese existido este fenómeno, o que sus víctimas y supervivientes hubiesen estado viviendo en mejores condiciones.
En agosto de 2020 la ministra de Igualdad Irene Montero solicitó el cierre de los clubes de alterne como medida de contención del Covid, lo cual provocó protestas desde el colectivo de “trabajadoras sexuales” de varias comunidades autónomas, ya que dicho cierre no contemplaba alternativas vitales para ellas.
La realidad es que a partir del cierre de los locales de alterne muchas mujeres se vieron necesariamente resignadas a permanecer viviendo en dichos locales, debido a la falta de una alternativa habitacional, ocasionando esto que continúen generando infames deudas, en este caso derivadas del pago de la permanencia “bajo techo”.
Las “invisibles” entonces se hicieron visibles al resto de la sociedad, manifestándose la crueldad del sistema prostitucional: mujeres víctimas de trata, de explotación sexual y de violencia, pero sin derechos de ciudadanía, ya que en muchísimos casos carecen de todos los derechos sociales, lo cual les impide solicitar cualquiera de las ayudas acordadas como medidas de protección social. Ahora, igual que antes de la pandemia, no disponen de ningún tipo de recurso, pero además tampoco pueden generar ningún ingreso para su subsistencia.
La medida planteada por la Ministra fue totalmente lógica, pero es cierto que ofrecer alternativas de vida digna a estas mujeres es algo que deberían estar haciendo las Administraciones Públicas desde hace mucho tiempo, no solo debido a esta crisis, sino antes de que ocurriera.
Personalmente creo que el abolicionismo de la prostitución es la mejor de las alternativas existentes para erradicar esta forma de violencia de género y acabar con el sistema prostitucional y la explotación sexual, pero mientras se debate y decide qué hacer a nivel legislativo, por algo hay que empezar para ayudar a las víctimas y supervivientes a salir de esa situación.
A finales de noviembre se publicaba una noticia sobre una intervención policial en un local de alterne ubicado en Santa Cruz, que terminó en desalojo debido al incumplimiento de la normativa sanitaria y de las restricciones impuestas en nuestra isla, además de que carecía de licencia de apertura. La noticia ganó peso mediático porque en ese local se encontraban dos jugadores del C.D. Tenerife, y el debate que se generó, o por lo menos el que yo percibí en la calle y ambientes familiares o laborales, se centraba exclusivamente en esos dos jugadores de fútbol y como los habían pillado (incluso hasta con cierto tono de burla, como que es normal que los hombres participen en estas prácticas y que mala suerte han tenido por haberlos descubierto). No escuché a nadie comentar qué pasaba ahora con las mujeres que vivían y trabajaban en ese lugar, que tienen que pagar una cantidad a los dueños de ese negocio sin disponer de ingresos, las condiciones en las que se encontraban y cómo iban a vivir a partir de ese momento. Esta cultura tan permisiva ante el sistema prostitucional refleja el trabajo que queda por hacer en cuanto a deconstruir todo lo que el patriarcado ha querido que asumamos como “normal”, y seguir en el empeño de educar, empatizar y ser conscientes de que quienes que se encuentran en estas situaciones tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotras.
Hace unas semanas tuve la oportunidad de ver una entrevista hecha a una mujer superviviente del sistema prostitucional que hace ya un año que logró salir del mismo, y me impactó y emocionó enormemente como contaba lo normalizado que había tenido toda su vida el que ese “trabajo” fuera la única opción posible de la que disponía para subsistir, tolerando todo tipo de maltratos y viviendo en condiciones de precariedad y explotación. No sé si las que lo vemos de fuera y hemos tenido la suerte de contar con otras oportunidades y condiciones de vida seríamos capaces de gestionar y asimilar este tipo de experiencias.
Una actividad de la que se suele decir tópicamente que “es el trabajo más antiguo de la historia “y de la cual las mujeres hemos sido las principales víctimas, porque vivimos en un sistema que nos criminaliza a nosotras y que ha normalizado el consumo de cuerpos feminizados por parte de los varones durante siglos, y aunque es cierto que se ha avanzado gracias a la presión ejercida por colectivos y movimientos feministas, los cambios positivos que puedan producirse en esta materia concreta (bienvenidos sean), llegan tarde.
Es muy triste pensar que hay personas que no disponen de alternativas, y por eso las Instituciones deberían reaccionar ya y emprender acciones que sí se las den. Creo que a ninguna nos gustaría vernos obligadas a vivir de ese modo, y solo por eso, no deberíamos permitir que otras sí tengan que hacerlo.
Laura Pedernera
Licenciada en Pedagogía y Máster en Estudios de Género por la ULL. Ha participado en investigaciones sobre prostitución y violencia sexual en Canarias. Actualmente está realizando su tesis doctoral en el programa de doctorado en estudios de género de la ull, sobre demanda de prostitución).
Yaiza Gorrín
Portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cru de Tenerife