España se convierte en el primer país de la UE en instalar cámaras de vigilancia en los mataderos
MADRID/ La ONG Equalia inició hace tres años la campaña Ley de Cámaras de Videovigilancia en Mataderos, para pedir la instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia en todos los mataderos españoles, con el objetivo de garantizar de manera efectiva y rigurosa el cumplimiento de las normativas de bienestar animal y seguridad alimentaria. Este real decreto impulsa a España como el primer país de la Unión Europea en establecer una ley para la protección del bienestar animal y la seguridad alimentaria en los mataderos. La ONG Equalia elaboró un protocolo de acción junto a los servicios veterinarios del sector cárnico que fue presentado y adoptado por varias de las empresas más importantes.
En el mismo, se especificaban las tres medidas básicas de la propuesta: la ubicación de cámaras en todas las zonas de manipulación de animales vivos, almacenaje de las imágenes durante un mes, con estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y acceso a las imágenes para su revisión por parte del Servicio de Veterinarios Oficial de la comunidad autónoma, aparte del operador de la instalación. Paralelamente, una propuesta de ley inicial, presentada por Equalia, fue aprobada a través de proposiciones no de ley en los parlamentos de Baleares, Navarra, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias.
Este trabajo con instituciones, entidades y empresas del sector se acompañó con la publicación de seis reportajes de investigación en mataderos españoles. En ellos, Equalia evidenció la necesidad de un control más exhaustivo en las prácticas que se llevan a cabo en estas instalaciones.
Tras la publicación de imágenes de graves irregularidades en bienestar animal en un matadero de Ávila, donde se veía a operarios cortando las patas de vacas aún conscientes, el sector cárnico, a través de ANICE, se posicionó a favor de la instalación de cámaras en los mataderos. Lo mismo sucedió con otros grupos de interés, como sindicatos (Comisiones Obreras) o asociaciones de consumidores (Facua).
La repercusión, tanto nacional como internacional, de las imágenes de los reportajes de investigación, provocó la reacción del Ministerio de Consumo que, por medio de AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentación y Nutrición), inició un proyecto de real decreto por el que se establecían medidas para el control del bienestar animal en los mataderos mediante la instalación de sistemas de videovigilancia.
El Ministerio de Consumo, institución de la que depende AESAN, presentó el texto a consulta pública el 20 de octubre de 2020. Tras estudiar las alegaciones recibidas por parte de los grupos de interés que participaron, se elaboró el real decreto que hoy ha sido aprobado en el Congreso.
En palabras de Guillermo Moreno, director de Equalia: «En 2018, comenzamos el debate sobre la necesidad de la videovigilancia en mataderos en España. Hoy, y tras conseguir posicionar al sector cárnico, Gobierno, sindicatos y asociaciones de consumidoras y consumidores a favor de la propuesta, este real decreto convierte a España en el primer país de la Unión Europea en requerir sistemas de videovigilancia en los mataderos. Aún así es sólo un primer paso, hemos de reconocer que este real decreto tiene algunos puntos débiles como el visionado de las imágenes.
El tratamiento del visionado recaerá principalmente en el operador (matadero), y no en el servicio de veterinarios oficiales de la comunidad autónoma, además de no especificar un procedimiento exhaustivo de revisado de imágenes en lo que se refiere a la periodicidad y el tiempo de visionado de las mismas. La ONG Equalia trabaja para mejorar el bienestar animal del mayor número posible de animales en España.
Tras esta iniciativa, concentran sus esfuerzos en campañas como Huevos Libres de Jaula. Sobre esta última, apuntan que el compromiso a eliminar los huevos de gallinas enjauladas se encuentra ampliamente extendido entre la mayoría de empresas, si bien algunas empresas como Alcampo todavía rechazan incorporar esta medida beneficiosa para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en todos sus productos.
