La Plataforma Salvar Chira Soria rechaza la declaración de "emergencia energética" en Canarias
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.- Salvar Chira-Soria denuncia una ofensiva mediática del Gobierno de Canarias a favor de los intereses de las eléctricas con la finalidad de aprobar una Declaración de Emergencia Energética, que para la Plataforma “es una huida hacia adelante para desproteger todo el territorio y aprobar “todo proyecto energético que se tercie”.
Para la Salvar Chira-Soria es evidente que hay grupos térmicos obsoletos en prácticamente todas las centrales de generación de Canarias. Hecho este que ha generado un gran debate de dimes y diretes.
Otro hecho relevante, y lo dice la propia Red Eléctrica, es que las islas capitalinas deberían disponer de al menos 3 centros de generación y el resto de islas dos, por si hay una avería en uno de ellos, como ocurrió en La Gomera. Pues en Gran Canaria solo tenemos uno y medio, porque Jinámar por sí sola no tiene capacidad para cubrir toda la demanda.
Resulta que en la Central de Jinámar hay un total de 13 equipos, entre turbinas y grupos. El de más edad data de 1972, 51 años de uso, y el benjamín es de 1990, luego tiene 33 años. Si bien, convendría antes conocer las horas de funcionamiento de cada equipo antes de achatarrarlos, ahora todos los actores públicos se llevan a las manos a la cabeza porque su vida útil es de 25 años y exigen nuevos equipos para ayer, saltándose la Ley de Contratos y lo que haga falta para evitar un cero energético, incluso aprobando una Declaración de Emergencia Energética. Hecho este que eclipsará en buena medida a la Declaración de Emergencia Climática aprobada en 2019, y echará por tierra la propuesta aprobada en junio de 2021 para desmantelar las centrales térmicas, así como la de alcanzar las cero emisiones en 2040.
De los 13 equipos, 9 de ellos ya tenían más de 25 años en el año 2013, con lo no es correcto derivar el problema a las cláusulas antimonopolio de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Por cierto, esta es la misma Ley que otorgó a Red Eléctrica la exclusiva de las centrales de hidrobombeo en Canarias, contraviniendo la directiva 2012/27/UE sobre normas comunes para el mercado de la electricidad mercado de la energía (modificada por la 2019/944), que impide que el operador y transportista puede generar electricidad. Un asunto que está pendiente de resolver en la Comisión Europea y que afecta directamente a la central Chira-Soria.
Tanta controversia pone de relieve la desidia y las políticas erráticas de las últimas décadas. La última es la Declaración de Emergencia Energética que pretende aprobar el nuevo gobierno canario. Y que en realidad no es sino una huida hacia adelante para desproteger todo el territorio y aprobar todo proyecto energético que se tercie.
El Gas Natural Licuado (GNL) es otro asunto de actualidad. Parece haber consenso político, que no de los ciudadanos, para la instalación de una regasificadora en el Puerto de Las Palmas. Una instalación que llega con dos décadas de retraso, pues si consigue estar operativa sobre 2030, su amortización la llevaría hasta 2055, cuando estamos fijando el hidrógeno para dentro de una década.
Por su parte, el puerto de Valencia se ha convertido en el primer puerto de Europa en estrenar una instalación de hidrógeno en condiciones de operatividad real. Además los puertos de Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao formarán parte del corredor de hidrógeno.
Haciendo historia, el Plan Energético para Canarias de 1989 preveía que en el año 2000 estarían operativas dos regasificadoras, una de ellas en Arinaga. La fuerte contestación terminó por frustrar ese objetivo.
A comienzos del siglo XX se instalan en España los modernos y eficientes ciclos combinados. En 2005 entra en funcionamiento uno de los primeros en la central de Juan Grande y poco después el segundo, con una potencia conjunta de 2x230 MW. Pero tenían un particularidad, y es que fueron los primeros del mundo en adaptarse al combustible diésel, ya que su fabricante solo los pensó para gas. Así que también sirvieron como experiencia piloto. El resultado es que funcionan perfectamente, pero tenemos las dos centrales térmicas más caras y contaminantes de España.
El tema del gas se va enfriando y comienza a hablarse del hidrógeno verde. El Gobierno de España aprobó en 2020 la denominada ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’, que contempla inversiones de 8.900 millones de euros para su desarrollo.
De hecho, las grandes energéticas ya están avanzando hacia la reducción progresiva del uso del GNL. Endesa fija como objetivo 2027 para abandonar el carbón y el año 2040 para el gas. Endesa prevé una inversión de 900 millones de euros para producir hidrógeno en las centrales del Barranco de Tirajana y Granadilla.
Sin embargo, el primer censo de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) no registra ninguna iniciativa madura alrededor del hidrógeno verde en las Islas. Entre los 123 proyectos presentados, AeH2 no localiza ni uno solo en Canarias. Canarias es la única comunidad sin proyectos en marcha.
Desde la Plataforma consideramos que el tiempo para instalar regasificadoras de gas natural ya pasó, ahora preocupan otros temas como la lucha contra el cambio climático de origen antropogénico y el rápido agotamiento de los combustibles fósiles (petróleo y gas natural).
Ni el puerto de la Luz ni la isla de Gran Canaria deben quedarse atrás en el proceso de descarbonización y transición energética. Proyectar el GNL para 2030 significaría ir contra el progreso y la modernización de todos los equipos y sistemas de producción.
La inversiones en fuentes de generación de energía han de destinarse a las tecnologías eólica, solar, geotermia y a la producción de hidrógeno verde. De la misma manera, debe acelerarse la electrificación de todos los sectores productivos y en aquellos en que no sea posible usar el hidrógeno verde (incluidos el amoniaco, metanol, combustibles sintéticos).
Por todo ello Salvar Chira-Soria rechaza la Declaración de Emergencia Energética que pretende el Gobierno sin un amplio debate público en que participen expertos independiente, organizaciones ecologistas y las entidades sociales implicadas.
