El PP tumba en el Congreso la Ley de Extranjería que sí aprobó en Canarias con CC
MADRID/ El Partido Popular (PP) y Junts han decidido mantener su oposición a la reforma de la Ley de Extranjería, lo que, si nada cambia, impedirá la tramitación de esta normativa crucial para el reparto obligatorio de menores migrantes. El Gobierno, que solo necesitaría la abstención de una de estas formaciones para avanzar en la reforma, se enfrenta ahora a un bloqueo significativo. Durante el debate en el Congreso, los diputados de ambos partidos confirmaron que votarán “no” a la modificación legislativa.
En el debate, el PP y Coalición Canaria sugirieron que, dado el previsible bloqueo, sería mejor retirar la proposición de ley y continuar las negociaciones. Ana Alós López, diputada del PP, criticó al Gobierno por no tener un plan concreto y por lo que consideró un “chantaje” al PP. Alós López insistió en que el Gobierno socialista, tras seis años en el poder, no ha logrado desarrollar una política migratoria seria y sólida.
Junts, por su parte, se mostró firme en su rechazo al inicio del trámite parlamentario de la proposición de ley. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, explicó que su oposición está vinculada a la aspiración de Catalunya de asumir competencias en inmigración. Nogueras también pidió que Catalunya quede fuera del sistema de reparto obligatorio debido a su mayor carga en la acogida de menores migrantes.
El grupo parlamentario socialista defendió la necesidad urgente de implementar un sistema automático para manejar la emergencia humanitaria en Canarias. Luc André Diouf, diputado del PSOE, hizo un emotivo llamado a la solidaridad y destacó la situación crítica en regiones como Melilla, Ceuta y Canarias debido a la llegada de menores migrantes. Nahuel González López, de Sumar, también pidió solidaridad al PP y subrayó los derechos de la infancia, insistiendo en la necesidad de un apoyo urgente.
Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, imploró a la Cámara que votara a favor del trámite parlamentario para apoyar al archipiélago y proteger a los menores. Valido destacó la falta de recursos en Canarias para atender adecuadamente a los menores migrantes y la urgencia de la situación.
El Gobierno de Canarias, que tutela a 5.600 niños y adolescentes en 80 centros, enfrenta condiciones cuestionables en la atención de estos jóvenes, incluyendo denuncias de agresiones y falta de formación adecuada del personal en algunos centros. La normativa propuesta por el Ejecutivo central busca aliviar esta carga mediante un sistema de reparto obligatorio, financiado adecuadamente por el Estado.
El Partido Popular ha endurecido su tono en el discurso migratorio, vinculando la inmigración con la delincuencia. El PP exige que todas las comunidades autónomas declaren una “emergencia migratoria” y que el Estado cubra la totalidad de los costos de atención a los menores migrantes. Junts, por su parte, vincula su oposición a la reforma con sus aspiraciones de asumir competencias en inmigración y pide que Catalunya quede fuera del reparto obligatorio.
A pesar de las rondas de contactos y negociaciones intensificadas en los últimos días, el Gobierno no ha logrado obtener el apoyo necesario de PP y Junts. La falta de acuerdo en aspectos clave, como la financiación y las pruebas de determinación de la edad de los menores, ha dejado la normativa en un punto muerto.
La falta de consenso entre los partidos ha dejado en suspenso una reforma crucial para manejar la emergencia humanitaria de menores migrantes en Canarias. El bloqueo por parte de PP y Junts impide avanzar en una solución legislativa que podría aliviar la carga sobre las comunidades más afectadas y asegurar una distribución más equitativa y solidaria de los menores migrantes en todo el país. La situación requiere una mayor disposición al diálogo y al compromiso por parte de todos los actores políticos para encontrar una solución viable y urgente.
