SANTA CRUZ DE TENERIFE/ Canarias están viviendo una situación crítica en cuanto a la disponibilidad y asequibilidad de viviendas. La proliferación de viviendas de alquiler vacacional, especialmente en islas como Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, ha desencadenado una crisis que afecta a la calidad de vida de sus habitantes. En ciudades como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, los cascos históricos han sido colonizados por viviendas de uso turístico, superando en muchos casos la cantidad de viviendas destinadas al uso residencial.
Este fenómeno ha provocado un aumento desmesurado en los precios del alquiler y ha reducido la oferta de viviendas disponibles para los residentes, lo que ha generado un malestar creciente entre la población. En zonas que antes eran accesibles para vivir, ahora se enfrenta a una escasez de vivienda asequible, dejando a muchos canarios en una situación de precariedad o, en el peor de los casos, sin acceso a una vivienda digna.
Las consecuencias de esta saturación de viviendas turísticas no solo se reflejan en el encarecimiento de los alquileres, sino también en la transformación de los barrios. Lugares que antes estaban llenos de vida y comunidad, ahora ven cómo sus vecinos son sustituidos por turistas de paso, alterando el tejido social y la identidad de estas zonas.
El problema no es exclusivo de Canarias. En ciudades como Lisboa, colectivos como "Casas para Vivir" han organizado manifestaciones masivas denunciando esta misma problemática. De manera similar, el pasado 20 de abril, Canarias fue escenario de manifestaciones en las que una de las principales reivindicaciones fue la necesidad urgente de regular las viviendas de alquiler vacacional. Los manifestantes señalaron que sin una regulación adecuada, el derecho a una vivienda digna está en peligro.
La respuesta política a esta crisis ha sido variada, pero algunos partidos, como Podemos, han tomado una posición firme. Han exigido el fin de este uso turístico desmedido de las viviendas, proponiendo la prohibición de las viviendas vacacionales en áreas residenciales. Además, en Canarias, el partido ha abogado por la aprobación de una Ley de Residencia, que regule no solo el uso de las viviendas, sino también el acceso a la propiedad y el alquiler para los residentes.
El debate sobre cómo equilibrar el atractivo turístico de Canarias con las necesidades de sus habitantes está más vivo que nunca. Mientras algunos defienden el desarrollo turístico como motor económico, cada vez más voces claman por una regulación que ponga freno a la especulación y proteja el derecho de los canarios a vivir en sus propias islas. La saturación de viviendas de alquiler vacacional no solo afecta a quienes buscan un hogar, sino que también amenaza con desfigurar la identidad cultural y social de Canarias.