SANTA CRUZ DE TENERIFE/ La crisis de la vivienda en Canarias ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente para los jóvenes que intentan dar el paso hacia la emancipación. Según los últimos datos, los jóvenes en el archipiélago se ven obligados a destinar un 99,4% de su salario al alquiler, una cifra que evidencia la imposibilidad de vivir de manera independiente para la mayoría de ellos. Esta realidad, sumada a la escasez de oferta de alquiler y a la falta de políticas efectivas para controlar el precio de la vivienda, está creando una crisis habitacional que afecta a miles de familias y personas jóvenes en las islas.
Uno de los principales factores detrás de esta dramática situación es la escasez de viviendas en alquiler disponibles. El crecimiento del turismo y la proliferación de las viviendas vacacionales han reducido significativamente la oferta de viviendas destinadas al alquiler residencial. En muchas zonas de Canarias, especialmente en aquellas más turísticas, la transformación de propiedades residenciales en apartamentos vacacionales ha disparado los precios del alquiler y ha dejado a los residentes sin opciones asequibles.
A pesar de que la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central establece medidas para limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, el Gobierno de Canarias ha decidido no aplicarla. Las zonas tensionadas, que son aquellas donde los precios del alquiler han crecido descontroladamente y superan la capacidad económica de la población local, son una realidad palpable en muchas localidades canarias. Sin embargo, la negativa del ejecutivo regional a implementar esta ley está agravando aún más la crisis, dejando sin respuesta a las necesidades urgentes de miles de canarios.
La explosión de las viviendas vacacionales en Canarias ha sido otro factor determinante en la subida de los precios del alquiler. La creciente demanda turística ha hecho que muchos propietarios prefieran destinar sus viviendas al alquiler vacacional, más lucrativo y de menor riesgo en comparación con el alquiler tradicional. Esta tendencia ha provocado una reducción significativa de la oferta de alquiler residencial, lo que ha empujado los precios a niveles inalcanzables para la mayoría de los residentes, especialmente para los jóvenes con salarios bajos.
A esta crisis se suma otro grave problema: la falta de viviendas sociales. La Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias no ha sido capaz de ofrecer una solución a través de la construcción de un número suficiente de viviendas sociales que puedan paliar la situación. El parque de viviendas de alquiler social es prácticamente inexistente, lo que impide que las familias con menos recursos accedan a un techo digno y a precios asequibles.
En lugar de aumentar la oferta de viviendas sociales o regular los precios del alquiler en las zonas más tensionadas, las políticas públicas parecen estancadas. Esto deja a los jóvenes canarios sin soluciones reales para su problema de vivienda. "Es indignante ver cómo el Gobierno no toma medidas mientras nosotros no podemos ni siquiera pensar en independizarnos", declara un joven de 28 años que lleva más de un año buscando una vivienda en alquiler.