LA LAGUNA/ La situación de los menores migrantes en Canarias ha alcanzado un punto crítico. Aproximadamente cien menores, cuya tutela corresponde legalmente al Gobierno de Canarias, permanecen alojados en el centro de acogida de migrantes de Las Raíces, un espacio diseñado exclusivamente para adultos. Esta situación vulnera tanto la Ley del Menor como la Ley de Extranjería, que establecen que los menores no acompañados deben recibir protección y ser alojados en centros adecuados a sus necesidades.
El centro de Las Raíces, que ya alberga a más de mil migrantes en condiciones precarias, no está preparado para acoger a menores, lo que agrava una situación ya de por sí insostenible. Las condiciones de habitabilidad en este centro han sido motivo de denuncia constante por parte de varias organizaciones humanitarias, que señalan la falta de servicios básicos y la sobrepoblación como factores críticos que afectan la calidad de vida de los residentes.
El pasado sábado, la tensión en el centro escaló cuando se produjo un incidente entre los menores, en el que presuntamente tuvo que intervenir la policía. El altercado se saldó con varios menores heridos, lo que ha generado aún más preocupación sobre la falta de medidas adecuadas para proteger a estos jóvenes vulnerables.
La situación de estos menores pone en entredicho la gestión del Gobierno de Canarias, al que algunos sectores acusan de estar haciendo dejación de funciones al no proporcionar a estos menores el alojamiento y cuidado que exige la ley. A pesar de las continuas peticiones, el Gobierno no ha tomado medidas para trasladar a estos menores a centros adecuados, lo que ha generado una fuerte crítica por parte de organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y migrantes.
Las ONG que protegen y atienden a los migrantes ya han puesto en conocimiento del Gobierno de Canarias la preocupante situación de los menores alojados en Las Raíces. A pesar de las constantes advertencias y de los informes emitidos, hasta el momento no se ha tomado ninguna medida efectiva para trasladar a estos jóvenes a centros adecuados. Estas organizaciones señalan, además, que en muchos casos los propios menores, debido a su desesperación y desinformación, afirman falsamente ser adultos con la creencia equivocada de que eso les facilitará el acceso al mercado laboral en España, agravando así su situación y exponiéndose a más vulnerabilidad en el sistema de acogida.
Este problema, sin embargo, no es exclusivo del Gobierno canario. La falta de solidaridad y colaboración por parte de algunas Comunidades Autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, ha agravado la crisis. Estas comunidades han mostrado una clara reticencia a acoger a los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias, a pesar de que el archipiélago soporta una carga desproporcionada en la atención a migrantes debido a su ubicación geográfica.
El compromiso de reparto de menores migrantes, acordado en el seno del Estado, no se ha cumplido como debería, lo que deja a Canarias en una situación de vulnerabilidad y sobrecarga. La negativa de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP a colaborar en este esfuerzo de solidaridad nacional está contribuyendo a perpetuar la crisis de los menores migrantes en Canarias.
La situación es especialmente grave en el contexto de los derechos humanos y de la protección infantil. Las organizaciones internacionales han advertido repetidamente que el alojamiento de menores en centros para adultos supone una grave violación de los derechos fundamentales de los niños, exponiéndolos a riesgos innecesarios y privándolos de la atención y protección que necesitan.
Mientras tanto, el futuro de estos menores es incierto. La falta de recursos adecuados en Canarias, unida a la falta de voluntad de otras regiones de España para compartir la carga, deja a estos jóvenes en una situación de extrema vulnerabilidad. A medida que pasan los días, la presión sobre el Gobierno de Canarias aumenta, y las organizaciones humanitarias insisten en la necesidad de actuar con urgencia para proteger a estos menores y cumplir con las obligaciones legales y morales que se derivan de su situación.
Las Raíces, convertido en símbolo de la sobrecarga del sistema migratorio en Canarias, es hoy el escenario de una crisis que no parece tener una solución a corto plazo. Mientras tanto, los menores migrantes continúan atrapados en un limbo legal y social que pone en riesgo su futuro y su bienestar.