El alcalde de Adeje, Jose Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), se podría enfrentar a una condena judicial por conceder la licencia de obra de Cuna del Alma
ADEJE/ La Fiscalía de Medio Ambiente ha dado un paso clave al admitir a trámite la denuncia interpuesta por la plataforma ecologista Salvar La Tejita contra la reanudación de las obras de la urbanización de lujo Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, Tenerife. Este avance judicial pone bajo el foco al alcalde del municipio, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), quien concedió la licencia de obra para el proyecto, que podría acarrearle consecuencias penales.
Irregularidades y posibles delitos
El proyecto de Cuna del Alma está plagado de irregularidades graves. Entre los hechos denunciados se encuentra la destrucción de un yacimiento arqueológico conocido como la "atalaya guanche". Este espacio, de valor incalculable para el patrimonio cultural de la zona, fue destruido pese a que la promotora tenía constancia de su existencia. Este hecho podría constituir un delito tipificado en los artículos 323 y 324 del Código Penal, relativos a la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.
Además, la urbanización carece de una evaluación ambiental conforme a las normativas europeas y estatales. Esta ausencia representa una infracción grave, ya que la legislación exige que proyectos de este tipo cuenten con estudios que evalúen su impacto en el entorno natural antes de ser aprobados.
Otro aspecto alarmante es el ocultamiento de más de una quincena de especies de flora y fauna protegida, como la viborina triste, una planta endémica de las Islas Canarias. Este hecho ya motivó la paralización de las obras en 2022, pero los trabajos se reanudaron sin atender a estas irregularidades.
La Dirección General de Patrimonio, dirigida por Nona Perera (Podemos), incoó en su momento un expediente sancionador contra la promotora, pero este fue dejado caducar por el actual Gobierno de Canarias de CC y PP. Este detalle evidencia, según los denunciantes, una falta de diligencia en la protección del patrimonio y los ecosistemas locales del actual ejecutivo autonómico, agravando aún más el impacto de las obras.
Gravedad de los hechos
La plataforma Salvar La Tejita insiste en que los daños causados por las obras son irreversibles y ha exigido la paralización cautelar inmediata de los trabajos. Denuncian que, recientemente, las máquinas continuaron operando a pocos metros de un yacimiento arqueológico donde aún trabajan arqueólogos. Este comportamiento, aseguran, pone en peligro lo poco que queda del legado cultural del área.
Para los vecinos del Puertito de Adeje, este caso no solo implica una pérdida material del patrimonio arqueológico, sino también un golpe cultural. La "atalaya guanche" era un símbolo de la historia local, cuyo valor trascendía lo meramente arqueológico para convertirse en un emblema de identidad para la comunidad.
El papel del alcalde bajo escrutinio
La implicación del alcalde José Miguel Rodríguez Fraga, como responsable de la concesión de la licencia de obra, está siendo cuestionada. Si se demuestra que actuó de manera negligente o con conocimiento de las irregularidades, podría enfrentarse a responsabilidades penales. Según el artículo 323 del Código Penal, la destrucción de patrimonio histórico puede ser castigada con penas de prisión de seis meses a tres años. Además, el artículo 324 contempla penas de dos a cinco años por delitos contra el medio ambiente.
El otorgamiento de la licencia sin atender a los requerimientos legales, como la evaluación ambiental, refuerza las dudas sobre su actuación. La plataforma ecologista subraya que este tipo de negligencias representan un grave precedente en la gestión de los recursos patrimoniales y medioambientales de Tenerife.
Un precedente preocupante
En otros casos similares en España, tribunales han fallado en contra de autoridades responsables de aprobar proyectos que destruyeron patrimonio histórico o natural. Las consecuencias incluyen sanciones administrativas, inhabilitaciones e incluso penas de prisión. Este caso podría sentar un precedente importante para futuras decisiones urbanísticas en las islas y en el resto del país.
El próximo paso judicial
La admisión de la denuncia por parte de la Fiscalía es un punto de inflexión en este conflicto. Ahora, la investigación judicial deberá esclarecer si Rodríguez Fraga y otros responsables incurrieron en actuaciones ilícitas al autorizar y permitir la continuidad de las obras.
Mientras tanto, colectivos ecologistas y vecinos siguen exigiendo la paralización inmediata del proyecto, así como responsabilidades políticas y legales para los implicados. Lo que ocurra en los próximos meses será crucial para determinar el futuro del Puertito de Adeje y para evitar que se repitan casos similares en otras zonas del archipiélago.
